Según la resolución correspondiente, la decisión se aplicó de acuerdo con las competencias constitucionales y legales del CJ, específicamente las relacionadas con los artículos 76, 82 y 181, numeral 3 de la Constitución de la República, así como los artículos 108, numeral 8 y 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, que sancionan con destitución a los funcionarios judiciales que vulneran el debido proceso y la seguridad jurídica e incurren en manifiesta negligencia.

En julio pasado, el Consejo de la Judicatura abrió un expediente disciplinario contra los mencionados exjueces, con base en una queja presentada por la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría General del Estado, instituciones que cuestionaron la actuación administrativa de dichos servidores judiciales dentro de una audiencia.

El Consejo de la Judicatura tiene como tercer eje de gestión a la “Independencia judicial interna y externa” y ejerce su facultad de control disciplinario conforme sus competencias constitucionales y legales.

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